El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) ha manifestado su profunda preocupación ante la no convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley 2/2026 y RD-Ley 2/2026, norma que incluían, entre otras medidas en un único paquete, la prórroga de las deducciones fiscales en el IRPF por actuaciones de rehabilitación energética en viviendas y edificios.
La consecuencia inmediata de esta situación es que quedan en suspenso los incentivos fiscales previstos para instalaciones de aerotermia, sistemas de autoconsumo fotovoltaico, tanto individuales como en consumo compartido, y obras dirigidas a la reducción de la demanda energética, mejora del aislamiento de la envolvente o el incremento de la eficiencia energética en edificios residenciales.
La decisión se produce en un momento especialmente delicado. Miles de comunidades de propietarios en toda España están finalizando a contrarreloj actuaciones financiadas con los fondos europeos Next Generation, cuyo plazo de ejecución y justificación ante la Unión Europea concluye el próximo 30 de junio. En la mayoría de los casos, estas obras fueron aprobadas en junta teniendo en cuenta un esquema económico que combinaba subvenciones directas, financiación bancaria o derramas extraordinarias y, de forma muy relevante, las deducciones fiscales en el IRPF comprometidas por el Gobierno.
El presidente del CGCAFE, Pablo Abascal, ha señalado que “no se puede pedir a los propietarios que afronten inversiones muy elevadas, que se endeuden o que aprueben derramas importantes, y cambiar las condiciones fiscales cuando las obras están en marcha o incluso terminándose”. A su entender, “la rehabilitación energética requiere una estabilidad normativa y fiscal. La confianza es vital para que las comunidades den el paso, y ahora se ve seriamente dañada si, por un lado, se apuran los plazos europeos y, por otro, se ponen en riesgo las deducciones fiscales con las que se contaba desde el inicio del proyecto”.
El CGCAFE recuerda que España cuenta con 25,7 millones de viviendas, de las cuales el 42,7% fueron construidas antes de 1980 sin ninguna norma de aislamiento térmico y el 44,8% antes de 2007, es decir, antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación. Sin embargo, el ritmo de rehabilitación energética es mínimo, situándose entre un 0,11 % y un 0,15 % anual, lo que supondría más de dos siglos para renovar completamente el parque residencial.
Estos datos evidencian que España necesita acelerar de forma decidida la transformación energética de sus edificios si quiere cumplir los compromisos europeos en materia de descarbonización y eficiencia.
Para ello, el CGCAFE ha defendido la necesidad de consolidar un marco fiscal estable y estructural. Entre las propuestas destacan la aplicación de deducciones permanentes por rehabilitación energética en el IRPF, bonificaciones en el rendimiento del capital inmobiliario vinculadas a la mejora de la certificación energética, bonificaciones en el IBI proporcionales al nivel energético alcanzado, tipos reducidos de IVA para obras de mejora energética y reducción de tasas de licencia. El planteamiento del CGCAFE es claro: “Estos incentivos no deben depender de prórrogas coyunturales, sino integrarse de manera permanente en la política fiscal como herramienta estratégica para impulsar la transición energética del parque residencial”, expone Pablo Abascal.
Asimismo, Abascal ha insistido en que el riesgo no es únicamente económico, sino también reputacional e institucional. “Si los propietarios perciben que pueden perder ayudas por cuestiones de plazo o que no podrán aplicar las deducciones fiscales previstas cuando aprobaron las obras, el efecto será un freno inmediato a nuevas rehabilitaciones. No podemos permitir que se rompa la confianza justo cuando más necesitamos acelerar el proceso de renovación de los edificios”.
El CGCAFE solicita que, dentro del presente ejercicio económico, se apruebe la prórroga de las deducciones fiscales que han quedado en suspenso y que estas adquieran carácter permanente. Asimismo, considera imprescindible estudiar la ampliación de los plazos de ejecución y justificación de las obras vinculadas a los fondos europeos, con el fin de evitar que comunidades que han cumplido con su compromiso inversor puedan quedarse sin ayudas o incentivos por cuestiones temporales.