La falta de empresas disponibles, la escasez de mano de obra cualificada y la incertidumbre sobre los fondos Next Generation tensionan el mantenimiento del parque inmobiliario
El mantenimiento y la rehabilitación del parque inmobiliario de la provincia de Las Palmas atraviesan un momento de especial complejidad. La dificultad para encontrar empresas y proveedores disponibles, junto con la escasez de mano de obra cualificada y la saturación del sector, está provocando retrasos en actuaciones necesarias para numerosas comunidades de propietarios.
Las consecuencias ya se notan en el día a día: demoras en reparaciones, incremento de costes y dificultades para atender incidencias básicas. En algunos casos, incluso se están paralizando obras ya iniciadas, con proyectos que quedan inconclusos y generan incertidumbre entre los propietarios.
La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas, Elena Azparren, señala que “después de los últimos años, tras el COVID, ha habido un cambio drástico en el desarrollo de la actividad de administración de fincas”. En este contexto, la falta de empresas y profesionales disponibles está incrementando la presión sobre la gestión diaria de las comunidades, que deben afrontar sus necesidades de conservación en un entorno cada vez más exigente y menos previsible.
Garantía de colegiación y papel del administrador
Ante este escenario, el Colegio recuerda la importancia de contar con un Administrador de Fincas Colegiado. La colegiación aporta una garantía añadida para las comunidades, al tratarse de profesionales sujetos a normas deontológicas, formación continua y al respaldo de una corporación profesional que vela por el correcto ejercicio de la actividad.
El administrador colegiado no sustituye la labor de técnicos, empresas ejecutoras o administraciones públicas, pero cumple una función esencial en la coordinación, el seguimiento de los procedimientos, la organización de la documentación y el acompañamiento a las comunidades en la toma de decisiones.
Desde CAF Las Palmas advierten además de que, en muchas ocasiones, la frustración generada por los retrasos, la falta de respuesta de proveedores o la complejidad administrativa termina recayendo injustamente sobre los administradores de fincas. El Colegio rechaza cualquier forma de trato vejatorio o descalificación personal hacia estos profesionales —por desgracia, cada vez más frecuente— y recuerda que el mantenimiento de una comunidad depende del trabajo coordinado entre propietarios, juntas de gobierno, técnicos, empresas, administraciones y administración de fincas.
Incertidumbre por los fondos Next Generation
A esta problemática se suma la incertidumbre en torno a los fondos Next Generation. Muchas comunidades están finalizando actuaciones financiadas con estas ayudas, cuyo plazo concluye el próximo 30 de junio, lo que añade presión a la planificación y ejecución de las obras.
Según el Consejo General de Administradores de Fincas, la finalización de estos programas podría dejar en suspenso incentivos fiscales vinculados a la mejora de la eficiencia energética, como instalaciones de aerotermia, autoconsumo fotovoltaico o actuaciones sobre la envolvente de los edificios.
Carga documental y necesidad de coordinación
En este contexto, CAF Las Palmas considera necesario poner el foco en la cantidad de requisitos y documentación que actualmente se solicita por parte de la Administración. La complejidad documental supone una carga añadida para las comunidades y para todos los agentes que intervienen en la tramitación, por lo que simplificar procedimientos administrativos sería un paso clave para facilitar la ejecución de actuaciones necesarias en los edificios.
Conscientes de esta situación, desde el Colegio se está valorando impulsar una línea de colaboración con entidades representativas del sector de la construcción y con la administración pública para mejorar la coordinación y dar una respuesta real a las necesidades del parque inmobiliario. “La finalidad es unir los esfuerzos de todas las partes y buscar una solución lo más eficiente posible para nuestros clientes finales, que es todo el parque inmobiliario de la provincia de Las Palmas”, afirma Elena Azparren.
El mantenimiento y la rehabilitación del parque inmobiliario requieren la implicación de comunidades, técnicos, empresas ejecutoras, administraciones y administradores de fincas. Reforzar la colaboración entre sectores, proteger el ejercicio profesional y simplificar los procedimientos se presenta como una vía necesaria para garantizar la conservación adecuada de los edificios y afrontar con mayor solvencia los retos de los próximos años.
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